Placa N.º 14 · Salud · REPROCANN, organizaciones civiles

En Argentina, más de 2.000 ONGs y asociaciones civiles pidieron permiso para cultivar cannabis legal

El Estado aprobó apenas 160. Del otro lado, un registro que ya emitió cerca de 460.000 números de trámite y arrastra 105.392 sin resolver

Más de 2.000 ONGs y asociaciones civiles pidieron permiso en el REPROCANN para cultivar cannabis para pacientes que no pueden hacerlo solos. Aprobadas, unas 160: 143 en abril según la respuesta oficial a nuestro pedido de acceso, y las que se sumaron desde entonces según nuestro seguimiento. Del otro lado la demanda está medida por el propio Estado: 374.702 personas se registraron desde que abrió la inscripción, al menos 115.836 tienen credencial vigente y 105.392 trámites siguen sin resolver. El paciente que no puede cultivar depende de una organización. Para que acceda, el paso es uno: aprobar a las que ya presentaron todo.

Las organizaciones hicieron su parte. Las que ya operaban cargaron la documentación que exige la Resolución 1780/2025 antes del plazo del 4 de diciembre y, según El Planteo, presentaron los papeles sin recibir respuesta oficial, con instrucciones del Ministerio de Salud que la nota describe como "no claras". Las cinco que integran el Consejo Consultivo Honorario del propio programa (Madres Cultivadoras Argentinas, Cultivo Mi Medicina, Plantar, Crecer Libre y Evolución Verde) pidieron por escrito que se aprueben los trámites pendientes y una prórroga para las demás, según Revista THC. Y a las que nunca operaron, que son la mayoría de las anotadas, el Ministerio les dijo que las contactaría "en una segunda etapa". El expediente está del lado de la ventanilla.

Una asociación civil o una fundación inscripta en el REPROCANN puede cultivar para pacientes que no cultivan: la persona la elige como su cultivadora y la organización carga el vínculo en la plataforma. En el sector se las llama "ONGs con botón". El Anexo IV de la Resolución 673/2022 les puso un tope, 150 personas por organización, y la 1780/2025, publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo de 2025, lo mantuvo. Pueden pedir una ampliación por escrito.

Cuántas tienen ese permiso no figura en ningún tablero público. Lo preguntamos por un pedido de acceso a la información pública y la respuesta oficial, de abril de 2026, fue 143 organizaciones aprobadas. La serie pública es corta: 42 en octubre de 2023, cuando la entonces ministra Carla Vizzotti lo dijo en el Encuentro Nacional del Programa; 51 en mayo de 2024, según Chequeado; 115 en noviembre de 2025, según Revista THC con datos del Ministerio; 143 en abril. Cien organizaciones más en dos años y medio. Desde abril se aprobaron algunas más: según el seguimiento del equipo de Cannis y fuentes extraoficiales del sector, hoy rondan las 160. Es una estimación, y la nota la usa diciéndolo: el número con documento es 143.

Del otro lado de la ventanilla hay muchas más. Infobae publicó el 23 de noviembre de 2025, con fuentes del Gobierno que no nombró, que el registro tenía 1.403 organizaciones registradas y 983 pendientes de aprobación: 2.386 anotadas. Contra las 160 aprobadas, quedan más de 2.200 sin permiso, catorce por cada una que puede cultivar. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires había presentado en septiembre un informe con otra cuenta, más de 1.500 asociaciones civiles esperando respuesta. La readecuación a la 1780 alcanzó en su primera etapa solo a las que ya operaban (las 115 de THC; unas 150, según El Planteo); las demás siguen anotadas sin que nadie las haya llamado. Ninguna de estas cifras sale de un listado público: el registro no publica cuántas organizaciones aprobó ni cuáles son, y la nuestra existe porque la pedimos. Si las cuentas fallan, fallan por defecto: ninguna incluye a las organizaciones que todavía no iniciaron el trámite.

La fila de personas es más larga que la de organizaciones. En abril de 2024, cuando el freno empezó, el Ministerio de Salud contaba 374.702 personas registradas y 178.391 con credencial vigente. Conviene precisar desde cuándo: el Decreto 883/2020 creó el REPROCANN el 11 de noviembre de 2020, pero la ventanilla recién abrió con la Resolución 800/2021, publicada en el Boletín Oficial el 12 de marzo de 2021. Las cifras oficiales suelen contar desde la creación del registro; la inscripción efectiva arrancó en 2021. Son, entonces, tres años de anotados. La resta deja casi 200.000 registradas sin credencial, entre trámites sin respuesta, vencidos y rechazados. En mayo de 2025 la Resolución 1780 obligó a quienes esperaban a empezar el trámite de nuevo; El Cronista contó entonces alrededor de 100.000 personas en espera. En noviembre de 2025, la respuesta oficial a un pedido de acceso de Revista Mate contaba 115.836 inscripciones vigentes y 105.392 trámites sin resolver entre 2023 y 2025: casi uno por cada vigente. El 115.836 es el piso, y conservador: fuentes oficiales le dijeron a Infobae ese mismo mes que los autorizados rondaban los 240.000, y desde febrero de 2026 la aprobación automática volvió a mover los trámites de autocultivo. Hoy los vigentes son más; cuántos más, no hay cifra publicada. Y el registro mide solo a quien llegó a la ventanilla: la Defensoría porteña estima que 1,9 millones de personas usan cannabis con fines terapéuticos en el país y que entre el 10% y el 12% está en el registro. Es una estimación de un organismo con posición tomada, y va como tal.

Hay una forma de ver cuántos trámites entraron sin esperar a que el Estado lo publique: el comprobante del REPROCANN trae un número correlativo. El último que tramitó ReproOnline, la plataforma de gestión de trámites de Cannis, la misma empresa que edita esta revista, llevaba al cierre de esta nota el número 460.000; los comprobantes anteriores del equipo tienen números menores, lo que confirma que la serie corre hacia adelante. Contra los 374.702 registrados que el Ministerio informó en abril de 2024, son decenas de miles de trámites más en poco más de dos años. No son personas: un mismo paciente puede sacar varios números, porque la 1780 obligó a empezar de nuevo a quienes esperaban y cada renovación abre trámite propio. Es un piso de movimiento, no un padrón, y cualquiera con su comprobante a mano puede verificar la cuenta.

La cuenta, con lo que hay: 160 organizaciones a capacidad plena representan 24.000 personas; con las 143 documentadas en abril, 21.450. La respuesta oficial dice que 6.276 personas están vinculadas a un cultivador solidario, el 5,4% de las vigentes. Cuántas dependen de una organización no lo dice. No localizamos ese desglose en ningún documento público: buscamos en los tableros del Ministerio de Salud, en datos.salud.gob.ar, en la SEDRONAR y en las respuestas a pedidos de acceso publicadas por prensa y organizaciones. Es el número que cerraría la cuenta. Si una de cada cinco personas vigentes necesitara que otro cultive por ella, los 24.000 lugares alcanzarían para poco más de la mitad; si fuera una de cada diez, sobrarían. Nadie afuera del registro puede saber cuál de las dos es.

Las cifras de trámites por año salen de un documento que pocos leen: el informe del jefe de Gabinete al Congreso. El artículo 101 de la Constitución lo obliga a ir una vez por mes, alternando Diputados y Senado, a dar cuenta de la marcha del Gobierno; antes de cada sesión los legisladores mandan preguntas por escrito y el Ejecutivo responde en un tomo de más de mil páginas. ¿Qué tiene que ver con el cannabis? Que es uno de los pocos lugares donde el Estado respondió, por escrito y con números, cuántos trámites del REPROCANN aprobó y cuántos dejó sin resolver: lo preguntaron legisladores y estaba obligado a contestar. El Informe 144 lo presentó Guillermo Francos en Diputados el 27 de agosto de 2025. En 2024 se aprobaron 23.742 inscripciones, se rechazaron 153 y quedaron 72.439 sin resolver; en los primeros ocho meses de 2025, 2.447 aprobadas, 132 rechazadas y 8.270 en espera. Entre un período y otro, las aprobaciones cayeron 89,7%. Es el propio Estado contando su demora. Lo que dijo sobre el porqué también está escrito: en abril de 2024 el Ministerio le dijo a La Nación que el sistema estaba "saturado por la alta demanda"; en noviembre de 2025, que los trámites completos se aprobarían en quince días; en febrero de 2026, que la aprobación automática destrabaría los de bajo riesgo. Sobre las organizaciones, ninguna de esas explicaciones dice cuándo.

El freno tiene fecha. En abril de 2024 el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que una revisión había detectado más de 90.000 solicitudes emitidas "sin diagnóstico basado en evidencia científica" y que se auditarían las inscripciones. En febrero de 2025 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en TN que darían de baja los permisos y empezarían "de cero". La 1780 llegó en mayo con los requisitos nuevos. Desde el 26 de enero de 2026 el programa depende de la SEDRONAR, por el Decreto 27/2026, y desde el 24 de febrero los trámites de autocultivo de bajo riesgo se aprueban en 24 a 48 horas: médico validado en el REFEPS, paciente mayor de 21 años, sin patología psiquiátrica compleja, datos coincidentes con el RENAPER. Las organizaciones siguen en revisión manual. Cuántos trámites destrabó la aprobación automática, no hay conteo publicado; tampoco localizamos en el Boletín Oficial el acto que la dispone. El Informe 145, presentado por Adorni como jefe de Gabinete el 29 de abril de 2026, no trajo ninguna cifra de organizaciones que hayamos podido localizar.

Mover esto no necesita una ley nueva. Las organizaciones que ya operaban cargaron los papeles en diciembre: aprobarlas es revisar lo que ya está en la plataforma. Las anotadas sin reconocimiento esperan la "segunda etapa" que el Ministerio anunció: abrirla es un correo. Y publicar tres números con fecha, organizaciones aprobadas, en espera y pacientes vinculados a cada una, le daría al propio registro la medida de lo que falta; el primero ya lo respondió cuando se lo pedimos, los otros dos están en la misma base. La aprobación automática mostró que la plataforma se mueve rápido cuando hay una regla escrita. Para las organizaciones la regla ya existe, es el Anexo IV, y el paso que falta es el mismo que para un autocultivador: una firma.

374.702 personas se anotaron en el registro en sus primeros tres años de ventanilla abierta. En noviembre de 2025, 115.836 tenían credencial, 105.392 trámites seguían sin resolver en noviembre y unas 160 organizaciones pueden cultivar para quienes no pueden hacerlo solos: 24.000 lugares. La demanda ya la midió el Estado. Lo que falta es que la ventanilla se mueva al ritmo de la fila.

El corte de esta nota es el 16 de septiembre de 2026. Fuera de la respuesta a nuestro pedido de acceso, no localizamos ninguna cifra nacional publicada en 2026 sobre organizaciones aprobadas, pendientes o pacientes por tipo de vinculación. Si el registro publica esos datos, esta nota se actualiza.

Fuentes

Las 143 organizaciones aprobadas salen de la respuesta oficial a un pedido de acceso a la información pública presentado por Revista Cannis, recibida en abril de 2026; el documento queda en nuestro archivo. Las "unas 160" del título y de la cuenta son el conteo propio del equipo de Cannis a septiembre de 2026, cruzado con fuentes extraoficiales del sector: no es una cifra oficial y va como estimación; con el número documentado, 143, la cuenta da 21.450 lugares y la conclusión es la misma. Si el registro publica una cifra oficial posterior a abril, reemplaza a la nuestra. Las organizaciones nombradas integran el Consejo Consultivo Honorario del programa y tienen interés directo en que se aprueben los trámites; se las cita por eso mismo, porque son las que el propio registro eligió para consultar. Las 2.386 anotadas son la suma de las dos cifras que Infobae atribuyó a fuentes del Gobierno en noviembre de 2025 (1.403 registradas y 983 pendientes); "más de 2.200 sin permiso" es esa suma menos las 143 aprobadas, con fechas distintas para cada término. El "cerca de dos mil readecuadas" que circula en el sector no lo dijo nadie con nombre y mezcla anotadas con readecuadas: la readecuación formal alcanzó a 115 o 150 organizaciones. Las 1.500 asociaciones esperando y la estimación de 1,9 millones de personas usuarias con fines terapéuticos son del informe de la Defensoría del Pueblo porteña, un organismo con posición tomada a favor de un registro local; la estimación no tiene método publicado que hayamos podido revisar, y por eso no entra en ninguna cuenta de la nota. Las cifras de inscripciones vigentes y de trámites sin resolver están en una respuesta oficial a un pedido de acceso obtenida por Revista Mate; las 115.836 vigentes son de noviembre de 2025, anteriores a la aprobación automática, y por eso se tratan como piso. Los 240.000 autorizados son de fuentes oficiales que Infobae no nombró, y las 178.391 credenciales de abril de 2024 son del Ministerio vía La Nación: tres unidades distintas que no se suman. Las cifras de aprobaciones por año están en el Informe 144 de la Jefatura de Gabinete, que citamos por Revista Mate, que publicó las respuestas. El 89,7% compara 2024 completo con los primeros ocho meses de 2025, no dos años enteros. El número 460.000 sale del comprobante del último trámite gestionado por ReproOnline al cierre de esta nota; ReproOnline es de Cannis, la empresa que edita esta revista, y por eso se dice cada vez que aparece. Es un número de trámite, no una persona: mide cuántos expedientes abrió el registro, y las renovaciones y los reinicios que impuso la 1780 abren expedientes nuevos. Cualquiera puede contrastarlo con el número de su propio comprobante. Los 374.702 registrados y las 178.391 credenciales vigentes son del relevamiento del Ministerio de Salud de abril de 2024, vía La Nación, que los cuenta desde la creación del registro en 2020; la inscripción abrió en marzo de 2021 con la Resolución 800, así que el acumulado corresponde a tres años de ventanilla; la resta (casi 200.000) mezcla trámites sin respuesta, credenciales vencidas y rechazos, y por eso se dice "registradas sin credencial" y no "en espera". La cuenta de lugares (143 × 150) supone que cada organización opera a tope y sin ampliación; es un techo, no una medición. Las proporciones de una de cada cinco y una de cada diez son supuestos para mostrar el rango, no datos. Si hay error en las cifras de espera, es por defecto: ninguna cuenta a las organizaciones que no iniciaron el trámite.

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