REPROCANN: 11 personas y 2.969 juicios por demora

El Ministerio de Salud y la SEDRONAR respondieron los dos pedidos de acceso que faltaban del dossier de Poder al Pueblo Fundación sobre el registro de cannabis medicinal. Informan cuánta gente lo tramita y cuántos juicios por demora acumula. Y reconocen que la regla con que se evalúa a las organizaciones no está escrita.

Once personas tramitan el REPROCANN, el registro de cannabis medicinal, que en septiembre tenía 344.353 trámites de pacientes vigentes. Nueve de las once tienen contrato por tiempo determinado. Entre enero de 2025 y septiembre de 2026, la demora en esos trámites llegó a los tribunales federales 2.969 veces. Los datos son del propio Ministerio de Salud.

Son las respuestas a los dos pedidos de acceso a la información que seguían en plazo cuando publicamos Todo lo que el Gobierno sabe (y lo que no) del REPROCANN, en octubre. Los presentó Poder al Pueblo Fundación, de Córdoba. Uno pregunta por la organización, los recursos y los reclamos del registro (SIP 533/26, expediente EX-2026-86413369). El otro, por los «vectores de riesgo» con que la SEDRONAR, la secretaría de políticas sobre drogas, evalúa a las organizaciones que piden inscribirse (SIP 534/26, EX-2026-86419006). El Ministerio cerró los dos expedientes el 11 de noviembre; las respuestas suman 97 páginas.

Responde el Programa Nacional de Cannabis, con la firma de su coordinador, Mariano Pérez Marraro, en notas del 21 y el 26 de octubre, y con la conformidad del secretario de la SEDRONAR, Roberto Esteban Moro, del 11 de noviembre. Sobre los juicios contestan dos direcciones del Ministerio: Asuntos Judiciales y Gestión Documental. Como en la primera parte, cada nota se cita por su fecha de firma.

Personas que tramitan el registro

Juicios por demora desde enero de 2025

Amparos ingresados entre octubre y diciembre de 2025

Organizaciones con opinión favorable de la SEDRONAR

Once personas para 344.353 trámites vigentes

El Programa informó once agentes «afectados a la tramitación del Registro». Cuatro figuran como asistentes profesionales, seis como asistentes administrativas y una como asistente de soporte administrativo. En la columna de convenio, nueve dicen «Contratos Dec. 1421/02», el régimen de contrataciones por tiempo determinado de la administración nacional, y dos dicen «SINEP», el escalafón del empleo público nacional.

Que eran once ya lo había dicho el Programa en septiembre, en otra de las respuestas del dossier: entonces agregó que tres de esas personas se ocupan de recibir los informes técnicos de variedades. Lo nuevo es cómo están contratadas.

Para dar la escala: en septiembre había 48.054 solicitudes que esperaban evaluación. Repartidas entre once, son 4.369 por persona. Es una división nuestra; el Ministerio no informa cuántos trámites evalúa cada agente, y desde el 23 de febrero una parte se aprueba sin revisión humana (85.414 hasta septiembre). Sobre cuánto tarda un trámite, el Programa había respondido en septiembre: «No es posible brindar una respuesta».

La estructura

El Programa depende de la SEDRONAR desde el Decreto 27/2026, del 23 de enero. La Resolución 376/2026 del Ministerio de Salud, del 13 de marzo, delegó en la secretaría los programas de cannabis medicinal (artículo 17). El 21 de octubre, siete meses después de esa resolución, la nueva estructura del Programa seguía «en proceso administrativo de aprobación». Sus notas todavía salen con el sello de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio.

El presupuesto

El pedido preguntaba cuánto tiene asignado el registro en 2025 y 2026, y cuánto se ejecutó. La respuesta da una clave presupuestaria y ningún monto: «El número con el que se identificó en el 2025 presupuestariamente el Programa es 29, y su subprograma es el 11. Actualmente no existe una ejecución a la fecha debido a que el Programa se está adaptando a la nueva dependencia». Para «futuras consultas» remite al sitio de Presupuesto Abierto.

Los números coinciden con una partida que ya seguimos. En Presupuesto Abierto, la Actividad 11 del Programa 29 del Ministerio de Salud, la del uso medicinal del cannabis, ejecutó el 1,47% de su crédito en 2025, como publicamos en el Mapa científico del cannabis argentino. La respuesta dice «subprograma» y Presupuesto Abierto dice «actividad»: si es la misma partida, el dato de 2025 que el Ministerio no dio ya era público.

2.969 juicios por demora desde enero de 2025

La Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio contó 2.969 acciones judiciales «iniciadas por mora con relación al Registro del Programa de Cannabis». Fueron 1.656 en 2025 y 1.313 en 2026: 822 entre enero y marzo, 393 entre abril y junio y 98 entre julio y septiembre. Todas, en tribunales federales. La nota es del 18 de septiembre, así que el último trimestre está incompleto.

Un juicio por mora es el pedido a un juez para que le ordene a la administración resolver un trámite demorado; la Ley 19.549 de procedimientos administrativos lo llama amparo por mora (artículo 28). Quien lo inicia ya tiene un trámite presentado y sin respuesta.

Cuántos de esos juicios terminaron con una orden de resolver, no lo informó ninguna de las cuatro oficinas que respondieron. El Programa contestó que «no administra ni registra reclamos o demandas judiciales, dado que su función se limita a la tramitación de autorizaciones sanitarias». Asuntos Judiciales informó lo que «obra en el sistema informático de esta Dirección» y aclaró que no puede dar más precisiones. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, que dictamina sobre los reclamos, no tiene un registro por tema, y el sistema de expedientes del Estado «no permite aplicar filtros» para armarlo. Gestión Documental no tiene «registros sistematizados» para separar por provincia.

Las planillas

Gestión Documental mandó siete planillas, una por trimestre, con 2.631 expedientes vinculados al REPROCANN que entraron al Ministerio desde enero de 2025. Cada fila trae el número de expediente y una descripción de una o dos palabras. Las contamos una por una.

Entre octubre y diciembre de 2025 entraron 1.040 expedientes y 984 dicen «amparo». En los tres trimestres anteriores habían sido 11, 14 y 19. Por qué el salto, las respuestas no lo explican. Venía de un año con el registro frenado: según el Informe 144 de la Jefatura de Gabinete, entre enero y agosto de 2025 se aprobaron 2.447 inscripciones, contra 23.742 en todo 2024, como contamos en la placa de las organizaciones en espera.

En 2026 los amparos bajan trimestre a trimestre. La aprobación automática de los trámites de bajo riesgo empezó el 23 de febrero; ningún documento vincula una cosa con la otra. En el mismo período subieron los pedidos de pronto despacho, el reclamo formal para que la administración resuelva: 19 en todo 2025 y 296 entre enero y septiembre de 2026.

Las dos oficinas cuentan cosas distintas, y por eso sus totales no coinciden. Asuntos Judiciales cuenta acciones judiciales: 2.969. Gestión Documental cuenta los expedientes que pasan por su mesa de entradas con la palabra «amparo»: 1.917.

La SEDRONAR evalúa a las organizaciones con un procedimiento que «no existe por escrito»

Una asociación civil o una fundación inscripta en el REPROCANN puede cultivar para pacientes que no cultivan por su cuenta, hasta 150 cada una (Resolución 1780/2025, Anexo IV). En septiembre había 204 habilitadas. Desde el Decreto 27/2026, antes de que el Programa apruebe a una organización nueva interviene la SEDRONAR.

En octubre contamos que la secretaría mira cinco «vectores de riesgo» y que no había un protocolo escrito de articulación con el Programa. El nuevo pedido preguntó en qué documento están definidos esos vectores. La respuesta: «Si bien no existe por escrito norma aprobatoria del procedimiento, matriz, protocolo o guía, se trata de un procedimiento administrativo diseñado por la autoridad de aplicación de la Ley 27.350 para controlar al Programa conforme a las políticas públicas en la materia».

La secretaría «no evalúa la indicación médica individual»: mira a la organización. Así describe la respuesta cada vector.

La constitución formal, la personería jurídica, los estatutos, la coherencia de los objetivos y los antecedentes penales del cuerpo directivo.

La presencia de la organización en zonas con red de acompañamiento territorial activa de la SEDRONAR o de la jurisdicción. La respuesta no dice si estar en una de esas zonas suma o resta.

La designación y la matrícula del director médico, los consentimientos informados, el seguimiento de pacientes y los informes cromatográficos por lote.

Las medidas de seguridad física, los protocolos de trazabilidad para evitar desvíos del cultivo (Ley 23.737), la protección de datos personales y los seguros.

La infraestructura del cultivo, con acceso restringido y control ambiental, el plan técnico y la declaración de variedades registradas.

A cada vector se le asigna un nivel. El análisis, dice la respuesta, «califica diversos vectores de riesgo, otorgando niveles en lo institucional y operativo», y «niveles de calificación en los ámbitos comunitario, sanitario y jurídico según corresponda». Cuáles son esos niveles y con qué criterio se asignan, no lo dice.

El pedido también preguntó qué norma habilita a la SEDRONAR a evaluar factores de riesgo además de los requisitos que fija la Resolución 1780/2025. La respuesta cita el Decreto 27/2026 y el artículo 17 de la Resolución 376/2026, y agrega: «no existe una norma expresa o escrita que faculta a la SEDRONAR a evaluar los factores de riesgo».

El procedimiento tampoco se publicó. No salió «en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el sitio web del organismo, ni en la plataforma REPROCANN». A cada organización, según la respuesta, se le comunican en su trámite «los factores evaluados que motivan el resultado». El Ministerio no entrega copia de esas comunicaciones porque contienen «información sensible correspondiente a las ONG».

Vinculante y de mero trámite

La misma respuesta define el peso de esa opinión de dos maneras. En el punto 6 dice que «reviste carácter vinculante para el área que resuelve la inscripción». Aclara que «no existe una norma expresa que en forma literal establezca la palabra "vinculante"», y que ese carácter «surge en forma implícita y sistémica» de las facultades de la secretaría. La intervención, sigue, «no constituye una mera opinión consultiva no vinculante, sino un requisito de conformidad previa de carácter técnico-legal que resulta determinante para la prosecución del trámite». No hay registro de un trámite que el Programa haya resuelto en sentido distinto al de la SEDRONAR.

En el punto 8, ante la pregunta de cómo se pide que una opinión se revise, la define así: «dictámenes o informes técnicos de mero trámite/preparatorios» que «no constituyen resoluciones ni actos administrativos definitivos de alcance particular con efecto directo o decisorio, por lo que no son impugnables en forma autónoma». No existe, dice, «una instancia, procedimiento o norma específica que prevea la reconsideración, revisión o recurso».

Las dos definiciones conviven en la misma nota, firmada el mismo día. Para una organización, la consecuencia es que la opinión que decide su trámite no tiene una vía propia para discutirse.

84 de 84

En septiembre, el Programa informó que la SEDRONAR había intervenido en 84 trámites de organizaciones y que los 84 tuvieron opinión favorable, «no registrándose a la fecha dictámenes con opinión desfavorable, requerimientos de subsanación o en estado pendiente». Una subsanación es un pedido de corrección: la organización tiene que completar o cambiar algo para seguir.

Un mes después, ante el pedido de copia de las opiniones desfavorables, respondió: «La SEDRONAR no realiza opiniones desfavorables, solamente requerimiento de subsanación por vías del Programa que no efectúa un conteo de los mismos». La respuesta de septiembre no registraba pedidos de corrección; la de octubre dice que son lo que la secretaría hace cuando no aprueba, y que nadie los cuenta. Con eso, el 84 de 84 no dice cuántas organizaciones tuvieron que corregir algo ni cuántas siguen esperando.

El pedido reclamaba una planilla con una fila por intervención. El Ministerio contestó que no puede armarla. El Programa registra cada intervención en la plataforma del REPROCANN, junto con los documentos de cada organización: «estatutos, actas de comisión directiva, nómina de autoridades y de usuarios/pacientes, certificados de antecedentes penales, declaraciones juradas, historias clínicas e indicaciones médicas». Separar los datos, dice, implicaría «un tratamiento manual y la apertura y disociación de cada expediente electrónico».

Quién dictamina y quién controla

Sobre los vectores dictamina la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento Comunitario de la SEDRONAR; el análisis de los documentos lo hace su Dirección Técnica Administrativa. El procedimiento «no fue objeto de auditoría». Cuando se apruebe la nueva estructura, dice la respuesta, el Programa «formará parte de la planificación de auditorías de los organismos de control».

En la Justicia

Asuntos Judiciales registra dos causas contra «intervenciones u opiniones emitidas por la SEDRONAR» en trámites de organizaciones. Una es «Jardín Aéreo Cultivo Solidario c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud de la Nación s/ amparo» (expediente CAF 031206/2026), en el Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 8, iniciada el 1 de octubre: al 26 de octubre, el Ministerio había presentado su informe y faltaba que el juez resolviera. La otra es «Asociación Civil Cannábica de la Salud c/ Ministerio de Salud de la Nación (REPROCANN - SEDRONAR) s/ nulidad de acto adm.» (FCR 011817/2026), en el Juzgado Federal de Río Grande, iniciada el 3 de agosto: al 28 de octubre corría el plazo del Ministerio para contestar.

Qué acto discute cada una, las notas no lo dicen. El Programa, consultado por lo mismo, respondió que en el REPROCANN «no se encuentran registros».

Lo que el registro puede hacer con lo que ya tiene

1 · Publicar la ficha del registro

Cuántas personas lo tramitan, con qué contrato y con qué presupuesto. Los dos primeros datos ya los mandó en esta respuesta; el tercero está en Presupuesto Abierto.

2 · Contar los juicios con su resultado

Asuntos Judiciales ya los suma por trimestre. Con la provincia y la sentencia de cada uno, el registro sabría dónde se traba y cuántas veces un juez le ordenó resolver.

3 · Escribir la regla

Los cinco vectores están descriptos en la respuesta. Una resolución publicada, con la escala de niveles, le dice a cada organización con qué la van a evaluar antes de presentarse.

4 · Contar las correcciones y abrir una revisión

Cada pedido de subsanación pasa por el Programa: un conteo mensual no expone los datos de nadie. Y una instancia ante la propia secretaría le da a la organización una vía antes del juzgado.

Lo que falta ver. El monto asignado y ejecutado en 2026. Cuántas sentencias ordenaron resolver un trámite y en qué provincias. La escala de niveles de los vectores y cuántas organizaciones esperan el dictamen de la SEDRONAR. Si el Ministerio de Salud o la secretaría quieren ampliar cualquiera de estas respuestas, publicamos lo que nos manden.

Planillas de Gestión Documental

Los amparos que entraron al Ministerio, trimestre por trimestre

  • de expedientes · de pronto despacho
  • REPROCANN · Pedidos de acceso a la información · Parte II · Respuestas del 11 de noviembre de 2026

    Si integrás una organización que pasó por la evaluación de la SEDRONAR, iniciaste un juicio por demora o trabajás en el registro y querés contar cómo se ve esto desde adentro, escribinos .

    Fuentes

    Vínculos declarados

    Cannis, la empresa que edita esta revista, opera ReproOnline, una plataforma de trámites del REPROCANN.

    Poder al Pueblo Fundación hizo los dos pedidos de acceso a la información y compartió las respuestas completas con Revista Cannis. Hace pedidos de acceso y publica lo que el Estado responde.

    Sobre las fuentes

    Las respuestas oficiales se citan por su número de nota y de expediente: no tienen dirección pública. Los recortes salen de los documentos que recibió la fundación; el resaltado amarillo es nuestro. Las citas entre comillas son textuales, con la redacción del original.

    Las personas con nombre figuran como firmantes de las notas oficiales, con el cargo y la fecha que llevan esos documentos. Las dos organizaciones que litigan se nombran como aparecen en las carátulas que informó el Ministerio.

    El conteo de las planillas es nuestro: 2.631 filas, clasificadas por la descripción que trae cada una. Las divisiones por persona también son nuestras y sirven para dar la escala; el Ministerio no informa cuántos trámites evalúa cada agente. Los 344.353 trámites vigentes, los 48.054 en espera, las 85.414 aprobaciones automáticas, las 204 organizaciones y los 84 dictámenes son de las respuestas del 23 de septiembre, que publicamos en la primera parte.

    Lo que estas respuestas no permiten saber es si los dictámenes de la SEDRONAR estuvieron bien dados ni por qué crecieron los juicios a fines de 2025: para eso hacen falta los expedientes completos y las sentencias.

    Pedidos de acceso: Poder al Pueblo Fundación · Respuestas del 11 de noviembre de 2026 · revistacannis.org/articulos

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