ARICCAME: nueva intervención 33 días después del vencimiento
El 3 de septiembre, la ARICCAME publicó la Resolución 69/2026: licencias para la flor de cáñamo. Era la tercera ventanilla de la agencia que regula el cáñamo y el cannabis medicinal, y en el sector se hablaba de resurgimiento y de «fase dos». Revista Cannis invitó a Alejandro Mancuso a contestar qué pensaba: si eso era una reactivación, si la agencia seguía viva, si después de una fase dos venía una tres.
Mancuso habla desde la cámara y desde su empresa. Es secretario de CAINCCA, la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo, desde que se formó en octubre de 2024, y fundó Botanicanns S.A., un vivero de cannabis medicinal en San Vicente, provincia de Buenos Aires, que tuvo uno de los seis permisos provisorios que la agencia otorgó en diciembre de 2023. Cofundó el medio Cannábica Argentina. Es parte interesada en el régimen que discute, y ya lo había discutido en público: una semana después de la resolución le dijo a Revista Mate que prohibir el cultivo a cielo abierto la dejaba corta.
El 30 de septiembre contestó con un audio largo: «te hago un poco una lectura de mi visión de cómo veo que viene pasando todo esto, particularmente con la mirada puesta sobre ARICCAME». Arranca en 2022, pasa por una agencia que ese día, según él, estaba «acéfala» (la intervención había vencido el 3 de septiembre y no había ninguna norma publicada que la extendiera) y termina en las elecciones de 2027.
Seis días después, el Boletín Oficial publicó el Decreto 1147/2026. Dispone una «nueva intervención» de la ARICCAME por un año, contada «desde el vencimiento» de la anterior, y vuelve a designar al médico Ignacio Ferrari con las mismas facultades, entre ellas otorgar licencias. Lo firmaron Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. Entre el vencimiento y la publicación pasaron 33 días.
Una agencia intervenida la conduce un funcionario que nombra el Poder Ejecutivo en lugar del directorio que fija la ley. El Decreto 833/2024 permitía prorrogar la intervención «por idéntico plazo y por única vez»; el nuevo dice «por idéntico plazo» y no repite «por única vez»: para estirarla otro año alcanza una resolución de la Secretaría de Industria.
Llevamos cuatro años de que se aprobó la ley, se promulgó, se creó la agencia, pasaron dos gobiernos, tuvimos un presidente y cuatro directores y un interventor.
La Ley 27.669, de mayo de 2022, creó la agencia con un directorio de cinco miembros, nombrado a comienzos de 2023; Mancuso cuenta al vicepresidente entre los directores. La reglamentación llegó en agosto de ese año y él la describe así: «el Decreto 405 del año 23, que establece toda una modalidad de licencias: de comercialización, de exportación, de logística, de transformación, de todo. Hay seis categorías de licencias».
Para Mancuso, el cáñamo tenía antes un trámite corto. El cáñamo es la planta con hasta 1% de THC, la sustancia psicoactiva, y se usa para fibra, grano, alimentos o CBD. Para esa planta, la ley pide «un régimen diferencial simplificado», y el decreto de 2023, recuerda Mancuso, le daba «una licencia simple, que no es licencia, en realidad es una autorización simple, no un formato licenciado».
La intervención armó licencias. Para la flor de cáñamo, la Resolución 69/2026 pide antecedentes penales, ingresos certificados por un contador y cultivo bajo techo, y cobra $2.500.000 por la licencia de producción, más $1.250.000 por año para mantenerla. Para Mancuso, el punto de partida es que el cáñamo «no es psicoactivo y no tiene una regulación penal»; el límite del 1%, que él atribuye a la Convención de 1961 de la ONU, lo fijó el Decreto 405/2023.
Es bastante ilógico que se le ponga un modelo licenciado ahora, justo cuando un gobierno viene a desburocratizar.
La realidad actual, dice, «por más que parece positiva, hay que analizarla desde el punto de partida».
Siento que desde lo que teníamos a lo que tenemos actualmente, es indefectiblemente un retroceso.
Admite que, «cuando se ve la parálisis que supo tener el sector o tiene el sector, depende del punto de vista y en qué eslabón de la cadena te encuentres», la novedad suena bien: «Uno dice: "Che, por lo menos ahora hay licencias, por lo menos ahora tenemos licencias de producción de CBD"». Y recuerda que la misma agencia «llegó a entregar permisos provisorios que, por no tenerlos reglamentados como correspondían, nunca se pudieron poner operativos». Fueron seis, en diciembre de 2023, según Infobae, para proyectos medicinales que el Ministerio de Salud ya había aprobado; uno fue para Botanicanns. La intervención eliminó la figura en 2024.
«Entender que venimos de una agencia que tuvo permisos, que tiene reglamentación, que estableció toda una cadena productiva, que se paralizó, se cerró y decidió reinventarse con una intervención por etapas es complejo», resume.
Esa frase resume dos años. Con el cambio de gobierno, entre fines de 2023 y comienzos de 2024, se fueron cuatro de los cinco directores. Quedó solo Gabriel Giménez hasta que, en 2024, el Gobierno intervino la agencia y puso a Ferrari. Su primera resolución abrió licencias de cáñamo para semilla, grano y fibra y dejó la flor para la «fase dos». En julio de 2025, un decreto dispuso disolverla, con un informe de la propia intervención que lo sugería; el Congreso lo rechazó y otro decreto la restituyó en septiembre.
Si tengo que hablar particularmente de lo que implica la regulación del cannabis medicinal por parte de la ARICCAME, claramente es nulo.
Para el cannabis medicinal, la única ventanilla que localizamos es para semillas, plantines y esquejes: la Resolución 41/2026, que cierra el 1 de marzo de 2027, cuatro semanas antes de que la Ley 27.350, la de uso medicinal, cumpla diez años. Para Mancuso, esa ley «es la que da fundamento para que exista la ARICCAME».
Su ejemplo son las organizaciones civiles que cultivan para pacientes: habla de mil y pico de solicitudes y casi 160 aprobadas, números que él mismo pide confirmar con el Ministerio de Salud. El último dato oficial que localizamos es 143, de abril de 2026; el seguimiento propio de Revista Cannis redondea hoy en 200. «Establecer un esquema por etapas en donde lo último que se deja para reglamentar es eso, es un poco complejo», dice. «Hasta diría que preocupante.»
Vos ahí ves una realidad de un sector necesitado y demandado y con intenciones de insertarse, y no estás haciendo lo necesario para que eso suceda cuando es tu principal responsabilidad.
«Yo lo veo mal, veo mal la forma en la que la ARICCAME ha tomado la decisión de establecer estos criterios de etapas», sigue. «Pero además de eso, veo un mal funcionamiento en términos administrativos y procedimentales. La agencia se intervino por un año con la intención de desburocratizar y dar permisos, con posibilidad de renovar por un año más esa intervención. Esa intervención se renovó.» El mandato presidencial, dice, «era que se dinamice, se otorguen las licencias, se nombre el directorio. No se nombró el directorio, no se otorgaron las licencias, eso no sucedió».
El decreto nuevo cuenta otra cosa. Anota avances en las licencias de semilla, fibra y grano y habla de «licencias otorgadas», sin decir cuántas. La resolución de la flor no figura en la lista. Del directorio, nada.
Hoy, 30 de septiembre, tenemos una agencia que está acéfala, que no tiene intervención.
Cuando grabó el audio, la intervención llevaba 27 días vencida. «El mismo día que el interventor publica un modelo de nuevas licencias, se vence su intervención», dice, y «técnicamente, por el propio decreto, no podía ser prorrogable». Ferrari firmó la resolución de la flor el 2 de septiembre, dentro del plazo, y el Boletín Oficial la publicó el 3. Sobre la prórroga tenía razón: el 833/2024 admitía una sola, usada en 2025; por eso el decreto nuevo dispone una intervención nueva.
Después vienen sus preguntas. Seis días más tarde, el decreto contestó casi todas:
Aquel inversor que a partir del 3 de septiembre ha tomado la decisión de generar una inversión en el modelo de la última licencia que sacó la agencia, ¿qué le garantiza que esa agencia va a tener un funcionario que pueda firmar ese permiso en las próximas semanas?
Ferrari, designado otra vez, con facultades para otorgar licencias.
¿Qué va a hacer el gobierno nacional con esta temática? ¿Es importante para el gobierno nacional reintervenir la agencia?
La reintervino, 33 días después del vencimiento.
¿Es constitucional que se saque un nuevo decreto de necesidad y urgencia presidencial para la nueva intervención de la agencia?
Es un decreto común, del artículo 99, inciso 1; un DNU lleva la firma de todos los ministros.
Hay que evaluar la gestión del interventor y el no haber podido conformar el directorio para que no sea necesario una nueva intervención.
El decreto no menciona el directorio.
Lo único que le reconoce a la Resolución 69/2026 es que es clara. «Te voy a dejar lo positivo para el final», dice. «No estoy de acuerdo en que el cáñamo necesite de una licencia», ni con «todos los protocolos que se establecieron para la destrucción y los procesos de material no psicoactivo», ni con «que se restrinja la producción a cielo abierto y que sea reducida solo a invernaderos». «Pero sí me parece positivo que hay un acto administrativo claro, que establece un modelo licenciatario», uno «que da alguna certidumbre para aquella persona que vea en la producción de inflorescencias de CBD un modelo de negocios». La resolución rige desde el 16 de octubre.
«Seguramente un ingeniero agrónomo lo va a ver como algo positivo, porque es una nueva generación de un puesto de trabajo para él; probablemente un cultivador también lo vea como algo positivo porque de alguna manera es un nuevo puesto de trabajo», concede.
Lo que habría que preguntarse es qué tan sostenibles en el tiempo son esos nuevos puestos de trabajo que se están generando.
Pregunta «cómo está la Argentina en términos competitivos en un modelo interno para poder manufacturar esas inflorescencias, ya que no se pueden comercializar como tales, como inflorescencias» (la licencia de producción solo permite venderlas a otras licenciatarias), cómo están los mercados de afuera y a qué costo. Y si el Estado acompaña: «¿Los organismos que deben intervenir, SENASA, ANMAT, INASE, en esa cadena productiva, están preparados para inversores, para proyectos que vayan a concretar esas operaciones? ¿La cadena productiva está formada o los inversores que se inserten en este modelo productivo ahora van a tener que especular con los tiempos gubernamentales?». Las elecciones generales son el 24 de octubre de 2027, y «sabemos lo que pasa en Argentina en los años de elecciones».
«Me queda sabor a poco de las formas, de los procesos y de las decisiones que tomó la agencia», dice. Le apena «no haber aprovechado esta oportunidad que podía poner en marcha a emprendedores, a PyMEs». «No veo qué alternativas se le da al PyME, al emprendedor para invertir en la Argentina.»
Tenemos un sector que está deseoso de invertir en la Argentina, en capacidad de invertir en la Argentina, y no se le está dando la posibilidad de hacerlo, sin ninguna explicación.
«Somos una reconversión productiva para aquellos sectores que no lograron en el agro argentino encontrar rentabilidad», cierra. «El yerbatero, al que le pagan 150 pesos el kilo de yerba, o el tabacalero, al que se lo pagan 4.200 pesos y no es sostenible su modelo de negocios y se están fundiendo, podrían haber encontrado en este sector una reconversión productiva muy clara». En julio, según Plan B Misiones, la hoja verde se pagaba la mitad o menos de lo que cuesta producirla.
La nueva intervención llega a septiembre de 2027, siete semanas antes de las elecciones. La ley manda un directorio de cinco miembros; no localizamos en el Boletín Oficial ninguna designación desde la intervención de 2024.
Serie ¿Vuelve la ARICCAME? · Nota 1 · Corte 13 de octubre de 2026
El secretario de la cámara empresaria CAINCCA repasa cuatro años de la agencia, de la ley de 2022 a las elecciones de 2027, en un audio grabado seis días antes del decreto.
El mismo día en que vencía la intervención, la agencia publicó las licencias para la flor de cáñamo, una planta que la ley de 2022 mandaba autorizar con un trámite simplificado. Primera nota de una serie con actores del sector.
Esta es la primera nota de la serie. A otros actores del sector les hacemos la misma pregunta que a Mancuso. Si estás en la cadena del cáñamo o del cannabis medicinal y querés responder, escribinos .
Las licencias de la Resolución 69/2026, una por una, están en nuestra placa del 3 de septiembre , y las normas de la agencia desde 2022, en la cronología regulatoria .
Fuentes
Vínculos declarados
Alejandro Mancuso es secretario de CAINCCA: así figura en el sitio de la cámara y así lo presentó Revista Mate el 10 de septiembre de 2026. Fundó Botanicanns S.A., vivero de cannabis medicinal de San Vicente, según El Planteo, que recibió uno de los seis permisos provisorios que la ARICCAME otorgó en diciembre de 2023. Según su perfil de LinkedIn, también es cofundador del medio Cannábica Argentina. Botanicanns produce flores de cannabis con CBD, según El Planteo, el rubro que regula la Resolución 69/2026. No localizamos si pidió una licencia del régimen nuevo: la resolución hace reservados los expedientes. Señalamos estos roles como vínculos; no afirmamos irregularidad alguna.
Cannis, la empresa que edita esta revista, opera ReproOnline, un servicio de gestión de trámites del REPROCANN. Revista Cannis es operador técnico de datos de la Red de Ensayos de Cáñamo Industrial 2026/27 de AdCannagro y el INTA.
Sobre el audio y las fuentes
Mancuso respondió por audio, el 30 de septiembre de 2026, a una pregunta de Revista Cannis sobre el nuevo régimen de licencias. Lo que le dijo a Revista Mate el 10 de septiembre se parafrasea de esa nota, sin cita textual. Las citas son de su audio; sacamos muletillas y repeticiones sin cambiar el sentido. La nota sigue, en general, el orden del audio, y contrastamos cada dato que menciona al lado de la cita o en el párrafo que sigue.
El Decreto 1147/2026 se cita del texto publicado en el Boletín Oficial del 6 de octubre de 2026 (aviso 73760/26), firmado el 5. La cobertura de MDZ, Bichos de Campo, 617 News, Marimba, Economis, Pharmabiz y Ushuaia24 coincide con ese texto. El fin de la intervención en septiembre de 2027 surge del artículo 1, que cuenta el año desde el vencimiento de la anterior. Los 33 días van del 3 de septiembre, vencimiento del año que fijó la Resolución 464/2025, al 6 de octubre, publicación del decreto; los 64 días de 2025, del 3 de septiembre al 6 de noviembre.
Los cambios del directorio salen de los decretos 30/2023, 721/2023, 148/2024 y 833/2024, que figuran en las fuentes con su fecha de publicación. El precio de la yerba sale de prensa especializada: desde el Decreto 70/2023 no hay precio oficial de la hoja verde. Las 143 organizaciones aprobadas salen de la respuesta a un pedido de acceso a la información de esta revista, de abril de 2026; las 200 son el conteo propio del equipo de Cannis a octubre de 2026, cruzado con fuentes extraoficiales del sector, y van como estimación, no como cifra oficial. Para la ventanilla medicinal revisamos las resoluciones de la ARICCAME publicadas en el Boletín Oficial desde 2023; para el directorio, las designaciones publicadas desde la intervención de 2024.
Corte de datos: 13 de octubre de 2026 · revistacannis.org/articulos